Escribe Javier L. Noriega en Cinco Días.com–El sector industrial de defensa y seguridad es consciente de que tiene un problema de imagen. Algo que se acentúa en un momento de crisis como el actual, en el que los recortes presupuestarios afectan seriamente a áreas tan sensibles para los ciudadanos como la sanidad o la educación.

Ni los responsables políticos ni los empresariales han logrado desvincular a la industria de lo que es meramente el negocio de la venta de armas. Episodios como el uso de bombas de racimo de la empresa zaragozana Instalaza contra la población civil de Misrata por parte de la tropas del dictador libio Gadafi no ayudan a mejorar la imagen del sector. Y menos con decisiones como las de la compañía de exigir una indemnización millonaria al Gobierno por prohibir la fabricación, venta y uso de este tipo de armamento en España.

"Pese a su contribución a la economía nacional, a los puestos de trabajo y al desarrollo regional y local, su gasto se considera alejado de los fines sociales y, hasta la fecha, no se ha conseguido explicar a la sociedad el servicio público que presta, el bien económico que genera o la proyección internacional que permite y que no serían posibles sin la existencia del sector", recoge el último informe sobre la industria publicado por el Real Instituto Elcano. Un lamento generalizado entre los responsables de las empresas.

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