El plan de pago a proveedores ha tenido la virtud de poner básicamente al día las cuentas del sector público con las empresas privadas. Pero la morosidad, lejos de resolverse, continúa muy presente. En particular en las relaciones mercantiles que existen entre las grandes empresas y las pymes o los autónomos.

Ambos colectivos ven ahora cómo es el sector privado quien retrasa muchos pagos al margen de los plazos que exige la ley. Y es que el sector privado, al contrario que el público, no ha podido endeudarse para hacer frente a sus obligaciones, lo que explica el crecimiento de la morosidad. La Administración central ha destinado nada menos que 41.814 millones a sacar las facturas de los cajones que se han pagado a crédito (con deuda pública).

Un par de datos lo revelan. Según cifras de ATA (el sindicato de trabajadores autónomos), mientras que la deuda de las Administraciones Públicas con los ocupados por cuenta propia se ha reducido en unos 1.525 millones de euros en los últimos tres meses, los plazos de pago en el sector privado se mantienen en 85 días. Es decir, muy por encima de los 60 días que impone la legislación. Pero es que dentro del sector privado, las empresas de más de 250 trabajadores duplican los plazos de pago entre autónomos, lo que da la verdadera dimensión del problema.

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