La práctica más habitual que como usuarios encontramos a la hora de realizar el pago de un producto cualquiera, como por ejemplo la compra de entradas, es la repercusión tardía de algún que otro importe adicional, por lo que el precio inicialmente marcado no se corresponde con la cantidad final que desembolsamos. El causante de esta discordancia: los gastos de gestión.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Consumo señalan que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluirá específicamente que los potenciales gastos de gestión deben ser incluidos en el precio final y poner fin, así, a la práctica habitual de ese gasto añadido extra sobre el precio final de compra, que el consumidor encuentra cuando está a punto de formalizar la misma.

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