Escribe Milagros Pérez Oliva en su blog de El País.com–La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 27 de diciembre ceder 6 hospitales y 27 centros de salud de la red sanitaria pública Madrid a empresas privadas, para que los gestionen con cargo al presupuesto público. La razón esgrimida para justificar semejante medida es que permitirá un importante ahorro en el presupuesto sanitario pero, tras no poca resistencia a cuantificarlo, el Gobierno de Madrid estimó finalmente que serían unos 200 millones de euros al año. La cifra no es desdeñable en estos tiempos de crisis y las razones del Gobierno podrían ser creíbles si no fuera porque en la misma sesión parlamentaria, y sin que nadie pareciera ruborizarse, se aprobaron reducciones fiscales al juego por valor de 1.800 millones de euros.

¿Hay que hacer semejante movida en la sanidad para ahorrar 200 millones y se perdonan al mismo tiempo y de una tacada miles de millones a un sector tan improductivo y socialmente corrosivo como es el juego? ¿Dónde está la racionalidad económica de esta política? Porque el traje a medida que el gobierno regional ha hecho al magnate del juego Sheldon Adelson para que instale Eurovegas en Madrid incluye rebajar del 45% al 10% el tipo impositivo de las ganancias del juego, que se calcularán sobre una base imponible también rebajada, además de bonificaciones de hasta el 95% en los impuestos de bienes inmuebles, actividad económica y transacciones patrimoniales. ¿Cómo es
posible mantener que hay que privatizar hospitales para conseguir un ahorro que se presenta como ineludible y hacerle al mismo tiempo un regalo económico de esa magnitud al magnate del juego?

Ambas medidas se han presentado como beneficiosas para la sociedad, cuando en realidad esconden una escandalosa transferencia de recursos públicos a grandes corporaciones privadas. Y ambas tienen consecuencias son irreversibles.

En el caso de la sanidad, la decisión implica un cambio de modelo que introduce de forma generalizada la lógica del lucro privado en la gestión de la sanidad pública. Esto supone la ruptura de un sistema que ha demostrado poder ofrecer muy buenos resultados con un coste moderado en comparación con los que se aplican en los países de nuestro entorno. La medida se ha aprobado sin aportar ningún estudio concluyente que demuestre, no ya el ahorro estimado, sino la supuesta mejora en la gestión que se atribuye a la iniciativa privada. La lógica indica que a ese ahorro de 200 millones habrá que añadir el margen de beneficio que las empresas adjudicatarias querrán obtener por su actividad, de lo contrario no optarían al concurso. ¿En cuánto podemos estimar ese margen: un 10%, un 15% del presupuesto gestionen, tal vez? ¿De dónde saldrán esos dividendos? Vista la experiencia británica tras las grandes privatizaciones realizadas bajo el Gobierno de Margaret Thatcher, no resulta difícil deducir de dónde saldrán: de la calidad asistencial.

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