¿Cuántos son los funcionarios en España y cuánto cobran? Sus datos por administración, edad y territorio
Pocas discusiones de España generan tanto ruido y lecturas enfrentadas como la brecha salarial entre el empleo público y el privado. En promedio, las Administraciones públicas retribuyen mejor el trabajo que las empresas privadas, una diferencia que responde sobre todo a la cualificación específica de sus empleados. Los trabajadores públicos a jornada completa cobran de media 3.232 euros brutos al mes en 12 pagas (métrica usada a efectos comparativos), 1.050 euros más que los del sector privado, según el último dato disponible de la Encuesta de Población Activa del INE, correspondiente a 2024. Y la subida salarial pactada esta semana para tres millones de empleados públicos entre el Gobierno y los sindicatos, del 11% hasta 2028, apunta a profundizar la grieta.
En su mayoría requieren titulaciones medias o superiores, oposiciones que filtran a los candidatos y carreras profesionales que acumulan trienios, complementos y antigüedad. Por su parte, continúa el investigador, la economía privada sigue teniendo un peso muy elevado de sectores caracterizados por salarios reducidos, como la hostelería, el comercio minorista o los servicios. Es decir, desde ese punto de vista no es que bajo el paraguas público se reciban salarios desorbitados, sino que el mercado laboral español está altamente polarizado y el privado tiene un peso predominante en la parte salarial inferior.
El diferencial medio, sin embargo, no debe interpretarse como una prueba de que el sector público pague sistemáticamente más que el privado por características similares. “Se observa una brecha razonablemente estable en el tiempo al mirar los salarios medios, pero buena parte se explica por mayores niveles de cualificación, estabilidad y antigüedad en el sector público”, apunta Nacho Álvarez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. “Si se hace la comparación a igualdad de características, esa brecha se reduce”.
Álvarez recuerda, además, que la heterogeneidad interna del sector privado es mucho mayor que la del público. En un extremo, unos 2,5 millones de trabajadores cobran en torno al salario mínimo interprofesional (SMI); en el otro, actividades como la energía, las finanzas, la tecnología o la salud registran salarios medios muy superiores a los de la Administración. Esto se refleja con claridad en los deciles más altos de renta del gráfico previo: cuando se llega a los tramos superiores, el peso del sector privado crece con fuerza, porque ahí se concentran los sueldos más elevados del país, muy por encima de los techos retributivos del sector público. Lo público garantiza un suelo relativamente alto que evita la presencia de empleados en los deciles más pobres, pero sus límites impiden competir con las élites mejor remuneradas del mercado.
Sobre el acuerdo firmado esta semana entre el Gobierno y los sindicatos, Álvarez introduce una reflexión más: “Los incrementos salariales del sector público terminan irradiando en el resto de la economía y marcan las negociaciones de muchos convenios, también privados”, explica.
Tres millones de empleados, y cada vez más
En España hay más de tres millones de empleados públicos, y seis de cada 10 son mujeres. En cuanto a la relación laboral, la mitad, más de 1,6 millones, son funcionarios de carrera (54%). El resto se divide entre el personal laboral (20%) y otro tipo de contratos (26%). El colectivo engloba a funcionarios de carrera, estatutarios, militares y cuerpos y fuerzas de seguridad, interinos, personal laboral, personal eventual y personal directivo que trabaje para una Administración (ya sea estatal, autonómica o local).
El grupo más amplio, casi dos millones, trabajan para las comunidades autónomas (62,7%), y el resto se reparten entre los empleados de la Administración local (19,6%) y los del sector público estatal (17,7%). El siguiente gráfico muestra la proporción actual entre los diferentes grupos de trabajadores y dan pistas de quiénes son. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores autonómicos son el personal sanitario del sistema nacional de salud y los docentes de etapas no universitarias, dos grupos de 700.000 trabajadores cada uno. Eso es así porque la sanidad y la educación, las dos mayores fuentes de empleo público, son competencia de las comunidades.
El de los empleados públicos es un gremio cada vez mayor. Solo en la última década, ha crecido un 21%, según apunta el último Boletínestadístico del personal al servicio de las administraciones públicas. Las cifras de empleados de la Administración local y estatal se han mantenido más o menos estables en torno al medio millón en los últimos 20 años. El gran tirón, sin embargo, se ha producido en los empleados autonómicos, que pasaron de ser 1,2 millones en 2002 a 1,4 millones en 2016. En la actualidad superan los 1,9 millones. Un cambio en la metodología en 2023 pasó a considerar empleados públicos a los trabajadores en formación, pero aún así la tendencia de crecimiento es clara.
El empleo público engloba a tantos tipos de profesiones que el colectivo es muy heterogéneo. De hecho, hay diferencias notables dependiendo de la Administración para la que se trabaja o incluso dentro de una misma categoría, por trabajar en un lugar u otro de España.
Las brechas entre Administraciones
Una de las diferencias que más escaman a los funcionarios son las divergencias salariales dependiendo del empleador. “La Administración General del Estado retribuye a sus trabajadores bastante por debajo que la inmensa mayoría de las comunidades y entidades locales”, resume la secretaria nacional de Negociación del CSIF, Milagros Dorronzoro. Las estadísticas oficiales confirman el salto notable entre ser funcionario para una Administración u otra. El Ministerio de la Función pública ha dado a conocer esta semana los datos de los sueldos del personal funcionario de las autonomías y los entes locales, una base de datos que permite precisar el salario de los trabajadores del área de administración general, aunque no informa de los emolumentos de los funcionarios estatales.
Para todos los subgrupos, las mayores retribuciones medias corresponden a las diputaciones forales y provinciales, consejos y cabildos insulares. Suelen cobrar entre un 4% y un 8% más que un funcionario de ayuntamiento, y entre un 14% y un 23% más que uno autonómico.
Estas disparidades se explican por el propio diseño de las remuneraciones y por la capacidad de maniobra que tiene cada Administración en ellas. Miriam Pinillos es la responsable de Políticas y Función Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. Cuenta que la estructura retributiva del personal funcionario tiene un salario base, un complemento de destino y un tercer complemento de puesto de trabajo específico. El base viene recogido en los Presupuestos cada año y es el mismo para todas las Administraciones. “El de destino tiene horquillas en función de cada grupo profesional, y ahí empiezan las variaciones entre un subsector y otro”. Sin embargo, “la brecha fundamental está en el complemento de puesto de trabajo, que es donde las Administraciones tienen el mayor margen de maniobra”.
Según las estimaciones del CSIF, los funcionarios estatales, de media, cobran al año unos 8.700 euros menos que en cuerpos equivalentes de las autonomías. En el personal laboral, la diferencia es de unos 7.400 euros. Por ello, el sindicato reclama a Función Pública retomar las negociaciones para la puesta en marcha de un fondo adicional que ponga fin a las diferencias.
Más de 10.000 euros de diferencia al año
Sin embargo, recuerda Pinillos, los contrastes no son solo entre Administraciones, sino también dentro de ellas. Los datos de remuneraciones dados a conocer a través de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) remarcan las enormes diferencias que hay entre el sueldo base de los funcionarios autonómicos: de los 29.000 euros anuales brutos de media para un funcionario extremeño a los 42.000 euros de uno madrileño. Y eso dejando fuera a vascos y navarros, que el ministerio no incluye en las mismas tablas por sus particularidades.
Si se mira por categorías, el Ministerio concluye que, en promedio, un funcionario autonómico A1 (como un inspector de educación o sanidad, o un técnico superior) cobra 49.600 euros. Los A2 (como un trabajador social o profesor), 36.400. Los C1 (administrativos) se embolsan 30.800 euros y los C2 (auxiliares), 23.400 euros. Eso de media, porque las diferencias territoriales son notables. Un alto funcionario de Madrid, por ejemplo, cobra en promedio casi 64.000 euros anuales, unos 25.000 euros más que otro de Extremadura. La brecha entre los A2 es parecida: unos 45.000 euros en Canarias y alrededor de 30.000 en Extremadura.
Las asociaciones de funcionarios son muy críticas con los desequilibrios entre y dentro de las Administraciones. Es el caso de Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y portavoz de Fedeca, la federación que reúne a altos funcionarios (A1), como los inspectores de Hacienda, los abogados o los ingenieros del Estado, entre otros. “Si para los empleados por cuenta ajena la retribución debe ser similar a igual trabajo y valor, en la Administración debería pasar lo mismo”, señala. “Suceden cosas que, de pasar en el sector privado, tendríamos que sancionar”, ironiza la inspectora de Trabajo.
Otras agrupaciones como Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda (en este caso A2), cargan contra un “desglose artificioso en subgrupos” dentro de la Administración del Estado y reclaman un grupo A sin distinciones que les permita, entre otros aspectos, progresar salarialmente.
Problema a la vista: las jubilaciones en el sector público estatal
A estos desequilibrios salariales se les añade un problema acuciante en los próximos años, el de las jubilaciones. El colectivo de los funcionarios al servicio de la Administración estatal no ve el retiro muy lejano: la media de edad roza los 50 años. Según los datos, más de la mitad de los trabajadores tienen 50 años o más, mientras que los menores de 40 apenas representan el 21%.
El Ministerio de la Función Pública ya se prepara para una “pérdida masiva de efectivos”. En su último estudio sobre el envejecimiento del personal, donde analiza el cuerpo funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración estatal, expone un dato preocupante: en apenas 10 años la mitad de la plantilla se habrá jubilado.
