Expertos coinciden en que la actividad en las jurisdicciones opacas ha crecido pese al esfuerzo de las instituciones internacionales para acabar con ellas

Escribe Jesús Sérvulo González para El País.com–Con unos 200 euros usted puede constituir a través de Internet una compañía en Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos. Necesitará pagar otros 49 dólares al año a un agente autorizado por los gobernantes locales. Son los únicos requisitos para montar una sociedad pantalla. En la página web del Estado se explica cómo hacerlo. A través de esta empresa puede crear otra en cualquiera de los cerca de 80 territorios considerados como paraísos fiscales. Y voilà: ya puede operar en cualquier lugar del mundo sin desvelar que usted es el titular real de estas empresas. Está listo para evadir impuestos y ocultar parte de su patrimonio. Quizá por eso, Delaware tiene la misma población que empresas y es considerado un territorio off-shore [término con el que se conoce a los paraísos fiscales].

La actividad en estas jurisdicciones ha crecido con la crisis a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales para limitarla. Una reciente investigación divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) ha revelado que 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero. El ex tesorero de la campaña electoral de Hollande, Jean-Jacques Augier; la baronesa Thyssen o el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, aparecen en la citada investigación de ICIJ.

El problema de los paraísos no es nuevo. Aunque cada vez resulta más complejo y más difícil de justificar por los Gobiernos de países desarrollados. Tener el dinero fuera no es ilegal, lo irregular es hacerlo para evadir impuestos y, sobre todo, el origen ilícito.

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