Las empresas aplazaron el pasado año 2.176 millones de euros en cotizaciones sociales, una cantidad que supone un 5% menos que en 2012 y la primera vez desde que comenzó la crisis económica que los aplazamientos de pagos a la Seguridad Social caen respecto a un año antes. Una tendencia satisfactoria que, no obstante, pone de manifiesto la delicada situación por la que atraviesan algunas empresas y las dificultades que tienen para cumplir con el pago de los impuestos al empleo en España, los quintos más altos de la OCDE tras Francia, Estonia, Italia y Bélgica.

Aplazar el pago de esas cotizaciones a las empresas que tienen problemas es la salida que ofrece la legislación para que puedan afrontar en tiempo y forma sus obligaciones con el sistema, entre las que ahora también está cotizar por las retribuciones en especie que antes estaban exentas en todo o en parte. Es el caso, por ejemplo, de los vales de comida, las aportaciones a planes de pensiones, ayudas para guarderías, colegios concertados o privados o servicios médicos.
Rajoy ofrece diálogo

Nuevas cargas que ha caído como una bomba entre las empresas, que alertan de la pérdida de beneficios y de empleo, motivo por el que Mariano Rajoy aseguró la pasada semana que el Ejecutivo discutirá con todas las organizaciones y sectores que se sientan afectados por esta decisión durante el desarrollo reglamentario de la controvertida norma.

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Frente a las críticas empresariales, desde el Gobierno se insiste en que la nueva fiscalidad beneficiará a los trabajadores, porque disfrutarán de mayores prestaciones sociales ahora y en el futuro, también a las empresas, dicen, porque introducirá mayores dosis de transparencia y, por último, a las arcas de la Seguridad Social, que se beneficiarán de unos ingresos extra de 900 millones, o de 2.500 millones si además se tiene en cuenta la subida de la base máxima de cotización del 5% o la mínima de los autónomos en un 2% aprobadas este año, según cálculos realizados por Cepyme.

Fuentes del Gobierno insisten a ABC en que la decisión de incluir varios pagos en especie en las bases de cotización se adoptó después de comprobar que «un volumen importante de las retribuciones de los trabajadores estaban derivando hacia conceptos excluidos de la cuota». Una situación, apuntan, que generaba un perjuicio a esos trabajadores, ya que conceptos excluidos del salario suponen bases de cotización más bajas y, por tanto, menos derechos sociales.