Cuatro años de parálisis política a nivel estatal pueden hacer creer que España ha detenido el rodillo de impresión legislativa. Cuatro ejercicios con escasa actividad parlamentaria, de presupuestos prorrogados «sine die» y de incertidumbre a futuro. Al fin, este 2020 se ha logrado formar Gobierno. Pedro Sánchez presidente y otras 22 personas en su Ejecutivo -cuatro vicepresidencias y 18 ministerios-. Precisamente lo abultado de esta última cifra da buena cuenta del gusto de nuestro país por los cargos, por emborronarlo todo, por repartir competencias, por hacerlo cuanto más complejo mejor. La máquina legislativa ahora ya vuelve a estar en marcha -necesitada de equilibrios parlamentarios- y con el Consejo de Ministros ya en plenas facultades surge de nuevo la eterna pregunta: ¿cuánto más queda por regular?

La última referencia en creación normativa la da un estudio elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls para el Banco de España, a partir de datos del directorio legal Aranzadi: en 2018 se crearon 11.737 normas, mientras que en 1979 la cifra era de 3.012 normas. Casi cuatro veces más tras haber transcurrido 40 años. Así, desde la llegada de la democracia se han alumbrado 364.267 normas.

Estas cifras han de analizarse según su fuente. En 1979 el 88,6% procedían de la Administración Central, frente al 11,3% del nivel autonómico; ahora, el 14,7% proceden de la primera y un 71,8% del segundo. Todo ello explica que buena parte del incremento estas cuatro décadas se debe al desarrollo de las regiones. La legislación de las comunidades ha multiplicado por más de seis su peso sobre el total; y la local -de ayuntamientos- también camina hacia arriba. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias.

«Un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05% menos de empresas en promedio», dice el informe. Por forma jurídica, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada el porcentaje sube al 0,12%; pero en el supuesto de personas físicas, ese aumento del 1% de la normativa provoca un 0,06% más de empresarios bajo esta figura. En suma, la regulación dificulta generar grandes empresas -que pueden participar en varios mercados geográficos- y favorece las pequeñas -más locales-. Asimismo, el estudio reseña que un aumento del 1% de la regulación provoca una reducción de entre el 1,4% y el 1,8% en el capital suscrito por las compañías de nueva creación.

Sin embargo, hay impacto más allá de esas cifras. «El incremento de la regulación provoca una fragmentación del mercado. Es una barrera al crecimiento y la entrada de empresas, además de que provoca un tamaño menor de las compañías», explica Esteban Sastre, director de Economía y Empresa del Instituto de Empresa Familiar (IEF). Por su parte, Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, incide también en esa idea y va más allá: «La exigencia de excesivo cumplimiento normativo de todo tipo exige a las empresas inversión en recursos; esas horas que se dedican a esto dejan de dedicarse a actividades más productivas. En este sentido, aumentan los costes de transacción de las empresas y puede desincentivar la actividad económica». Asimismo, el impacto no es solo a nivel de las sociedades sino también para con los ciudadanos. «Hay que abogar por la transparencia, referida por ejemplo a sencillez. Muchas leyes no se entienden y el ciudadano tiene que recurrir a especialistas. Y no hablo solo de leyes sino también de la comunicación con la administración», dice Sastre. A su juicio, la regulación es lo que diferencia, en buena medida, países desarrollados de los que no lo son.

El informe Doing Business, del Banco Mundial, es una referencia para comparar la competitividad país a nivel global. España ocupa el puesto 30 de 190 en facilidad para hacer negocios; el 97 en apertura de negocios; el 79 en manejo de permisos de construcción; el 55 en obtención de electricidad; y así sucesivamente. En el índice general -que analiza muchos más aspectos, sin relación con las trabas empresariales- nuestro país supera a otros Estados miembros de la Unión Europea. Pero en facilidadades para abrir un negocio estamos por debajo respecto a buena parte de nuestros socios.

«A nivel europeo tenemos dos grandes perfiles normativos. El continental y el anglosajón. En este último, la constitución de compañías es extraordinariamente rápida y las barreras para emprender son muy bajas», destaca Javier Fontcuberta, profesor de Derecho Mercantil de Esade Law School. En el informe Doing Bussiness, EE.UU. está en el puesto 55 en facilidad para abrir un negocio y Reino Unido en el 18, además de Irlanda en el 23 y Australia en el 7. Este experto añade que a los empresarios anglosajones les cuesta mucho entender por qué tenemos en España tanta legislación y tan engorrosa. Especialmente en el terreno startup: «Hay un espacio de mejora notable, especialmente para emprender y poner en práctica actividades nuevas».

Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatrecasas, lleva 30 años en la abogacía. Es también abogado del Estado, con lo que conoce la ley desde «dentro» y desde «fuera». Ha sentido en su trabajo cómo España poco a poco se iba complicando. «En los despachos un incremento de regulación genera más trabajo y nos obliga a un esfuerzo adicional de estudio y actualización que es prácticamente imposible en ciertos ámbitos de dispersión normativa», detalla. Y añade: «A nuestros clientes extranjeros les produce cierta desazón todo esto porque no entienden que confluyan tantas normas para realizar una actividad».

Cuatro meses de trámites

Como ejemplo de la maraña, de esta tela que atrapa hasta que se logra poner en funcionamiento un negocio, los trámites que ha tenido que seguir un vehículo de inversión que procedía de Estados Unidos. Iniciaron los trámites para establecerse en España a principios de otoño y no ha sido hasta ahora cuando han logrado tenerlo todo en regla. Cuatro meses de trámites, de burocracia, de papeles, para poder establecerse sin problemas. En su caso la razón de esta dilación se ha debido a falta de correspondencia entre documentos de países para la prevención del blanqueo de capitales; un formalismo para el que ya tenían en su país de origen todos los papeles, pero la falta de conciliación entre legislaciones lo retrasó todo. Esto en el supuesto de EE.UU., más o menos cercano a las normas europeas en ciertos aspectos; no ocurre igual cuando empresarios asiáticos o africanos tratan de entrar con sus negocios.

Las fuentes consultadas coinciden en la necesidad de simplificarlo todo. Una cierta liberalización en los sectores tradicionales donde -dicen- ya no hay más margen. La banca es un caso muy concreto de hiperregulación; ahora, después de la crisis, buena parte de ella proviene de la Unión Europea; de ello se queja precisamente el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su último libro, «Adiós a los bancos».

Pese a todo, en algunos ámbitos aún hay espacio para sacar más páginas de BOE. Ocurre así en sectores como la economía digital, las nuevas formas de trabajo… realidades que hace dos décadas no existían y que requieren -tal como destacan los expertos consultados- de normativa clara y precisa. Lo que no quiere decir que haya que convertir esos nichos también en un lioso ámbito de actuación. Ya hay, tal como señalaba un informe de CEOE, unas 100.000 normas en vigor, de las cuales dos tercios tienen su razón de ser en las autonomías. Estos años la falta de Gobierno ha ralentizado la creación estatal, pero con el Ejecutivo ya en sus funciones se puede activar la máquina de nuevo a toda velocidad. Ya sea por la vía parlamentaria o el decretazo, tan usado y reusado en estos tiempos.