La ocupación en el campo está en su nivel más bajo desde 2015; el trabajo doméstico, en mínimos históricos

El pasado año se generaron 402.300 puestos de trabajo, pero fue el peor dato desde 2013, último año de la crisis, y un 30% menos de ocupados que un año antes. Y un tercio del centenar de sectores en los que se divide la actividad en España se anotaron destrucción de empleo, entre ellos trabajadoras del hogar y del campo. 60.000 puestos de trabajo destruidos entre los dos. Esto que ha ocurrido es la confirmación de lo que expertos y organismos como el Banco de España auguraron cuando Iglesias impuso a Sánchez la subida. Alertaron entonces de que los negocios de menor tamaño, pymes y autónomos, optarían por recortar horario de la plantilla, frenarían las nuevas contrataciones y podrían incluso aplicar despidos.

En el caso de las empleadas del hogar, modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la trabajadora para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En apenas un mes, de diciembre a enero de 2019, la nómina de estas empleadas se encareció en casi 200 euros cada mes, encarecimiento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social. El resultado ha sido que estas trabajadoras -más del 90% son mujeres- están en su nivel más bajo desde el año 2015, según Estadística. La cifra total de ocupados es de 580.000 (ver evolución en el gráfico).

El propio Gobierno reconoció que ambos colectivos son los más vulnerables al incremento del SMI. El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, admitió que el colectivo de las empleadas del hogar encajó el incremento de costes pasando al mercado negro en una magnitud de 13.000 personas. Y sobre el sector agrario, aseguró que han dejado de cobrar horas extraordinarias como compensación por la subida de su salario básico.

Apuros de los jornaleros

A finales de 2019 la ocupación en el sector agrícola estaba en la cifra más baja desde 2015. En un país como España, donde la mayoría de explotaciones agrícolas tienen un carácter profesional y necesitan -aunque sea de forma puntual a lo largo del año- contratar personal, la subida del SMI a 900 euros es un factor sensible para muchas de ellas. El coste volverá a encarecerse este año tras el nuevo alza del 5,5%, hasta los 950 euros.

La encuesta del INE ha reflejado que en tan solo tres meses Extremadura, región eminentemente agrícola, perdió 20.000 ocupados y se mantuvo a la cabeza del paro en España con una tasa del 28,68%. Estos malos resultados empujaron al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a reconocer públicamente que «los datos son rematadamente malos» y están vinculados al campo. Por ello reclamó un encuentro urgente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el «impacto» y las «consecuencias» que la subida del SMI está teniendo en el sector agrario en Extremadura.

Ayer, tras estas declaraciones, jornaleros extremeños convocados por las principales organizaciones agrarias (Asaja UPA-UCE (Unión de Pequeños Agricultores), y COAG) salieron a la calle para exigir precios justos para sus producciones y para protestar, entre otros por el impacto del salario mínimo. Las manifestaciones se saldaron con enfrentamientos con la Policía, con quince heridos y un detenido. Los agricultores demandan una intervención más directa del Gobierno a la hora de fijar los precios de sus productos y compensaciones para detener el impacto del SMI. Las protestas no acabarán en Extremadura. El campo está en pie de guerra y las movilizaciones se extenderán a toda España con el objetivo de llegar a Madrid a mediados del próximo mes de febrero.

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