Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha desestimado el recurso presentado por la empresa Alquiler Seguro y ha confirmado la multa de 3,6 millones de euros que le había impuesto en un inicio por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado. Con esta decisión, Consumo da por resuelto el expediente iniciado en marzo del año pasado, y ratifica la millonaria sanción a una compañía que en la actualidad gestiona 26.000 viviendas con más de 60.000 inquilinos, y que dispone de más de 50 oficinas repartidas por todo el país.
El ministro ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que la sanción es “proporcional a los daños que ha generado esta empresa”. Bustinduy ha destacado que “en este país hay que cumplir la ley y se debe asegurar que los derechos de los consumidores se respeten”. También ha avisado a “quien intente utilizar la crisis de la vivienda para obtener beneficios espurios” porque “el ministerio hará todo lo posible para que se respete la ley”. Respecto al otro expediente que el ministerio tiene abierto contra Alquiler Seguro, Bustinduy ha optado por no pronunciarse ya que se sigue investigando.
El litigio entre el ministerio que dirige Bustinduy y esta empresa de gestión de alquileres se remonta a algo más de un año. La apertura de un expediente sancionador anunciada en marzo del año pasado, y cuya propuesta de sanción se formalizó en octubre, unos meses después, llegó como resultado de una investigación realizada en noviembre de 2023, a partir de una serie de denuncias presentadas por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
Estas organizaciones presentaron testimonios de inquilinos de pisos gestionados por Alquiler Seguro que reconocían haber tenido que contratar de manera obligatoria una serie de servicios adicionales ―singularmente un seguro de atención al inquilino― para poder acceder a estas viviendas. Según otros testimonios recogidos por EL PAÍS, esos extras no se presentaban en ningún caso como voluntarios, tal y como defiende la compañía en su página web, sino que su disposición o negativa a contratarlos servía de filtro a la hora de llevar a cabo la selección final de los inquilinos, que corría a cargo de la empresa.
En todo este tiempo, desde Alquiler Seguro han negado las acusaciones de prácticas abusivas, y se han amparado en que la justicia les ha dado la razón en tres sentencias anteriores sobre reclamaciones similares. Dos de esas tres resoluciones tienen que ver con casos en los que los inquilinos reclamaban la devolución del importe del SAI (Servicio de Atención al Inquilino) y se les denegaba el reintegro después de que la empresa acreditase que los inquilinos se habían beneficiado de él durante su estancia al dar parte por esta vía de incidencias en la vivienda.
Antes de que se conociera la certificación de la multa, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, adelantaba a este periódico en un encuentro privado celebrado en noviembre que, de ser así, recurrirían a la vía contencioso-administrativa para defender su posición. “Tenemos nuestros procesos auditados, somos una empresa muy profesionalizada y creemos que estamos haciendo las cosas bien”, señalaba. El máximo responsable de la compañía consideraba la cuantía de la multa “desproporcionada”, y ponía en cuestión que la empresa pudiera seguir a flote si tuviera que afrontar su pago. Desde Alquiler Seguro confirman este miércoles que van a recurrir a la vía judicial para impugnar esta sanción y emplazan a una rueda de prensa este jueves para ofrecer más detalles sobre su valoración de esta multa.
Según ha adelantado Consumo en un comunicado de prensa, el desglose económico de esta multa es el siguiente: una de las infracciones muy graves conlleva el pago de un millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
