El grueso de los funcionarios españoles ha tenido que esperar a la aparición de la pandemia del coronavirus para que el teletrabajo fuera una realidad. La última administración en regularlo han sido la Administración General del Estado (AGE) -con aproximadamente 200.000 funcionarios, pero con fecha de caducidad: hasta que España no esté en situación de pandemia-, y las de Madrid y Cataluña con carácter permanente, que representan cerca del 50% de los 1,5 millones de funcionarios que emplean las Comunidades Autónomas.
A pesar de la tardanza, y con la premisa en todos los casos de que el teletrabajo es una opción voluntaria del trabajador y reversible -generalmente por periodos de un año, renovables-, las normas establecidas son deficientes. Hay casos en que omiten concretar quien asumirá el coste de los gastos básicos, como ocurre en el acuerdo de la Comunidad de Madrid y los sindicatos de la Función Pública; o bien fijan que estarán a cargo del trabajador, como en Cataluña donde la regulación se ha aprobado sin el consenso de los sindicatos.
