La Comunidades Autónomas se preparan para una batalla desigual. Por eso han desenterrado ya sus hachas de guerra y en los próximos días son conscientes de que deberán enfrentarse con el Ejecutivo central y entre ellas para conseguir los mayores recursos posibles para sus ciudadanos y un nuevo sistema de financiación que no discrimine a unas frente a otras, frente a aquellas que se encuentran bajo el manto protector del presidente Sánchez. La batalla está servida y la victoria aún por escribir.

En el calendario se avecinan dos citas cruciales en la contienda y en las que se barruntan lo peor: que el Gobierno sucumba a todas las prebendas que pongan encima de la mesa catalanes y vascos a cambio de su respaldo a los imprescindibles Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incluirán parte de las reformas estructurales impuestas por Bruselas como peaje previo para que España siga recibiendo los fondos europeos. Es decir que la factura a pagar sea de un incremento por encima de cualquier exigencia debida de las inversiones del Estado en Cataluña y en el País Vasco a costa del resto de las regiones y de una mayor profundización en sus autogobiernos. Tampoco ocultan su preocupación ante un alza de los tributos cedidos a las autonomías, con el fin de instaurar el café para todos, paradójicamente reclamado por ERC y contrario al espíritu de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

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