La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha personado contra las aerolíneas en el procedimiento judicial que mantienen con el Ministerio de Consumo. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy les impuso una multa de 179 millones de euros por una serie de prácticas que considera abusivas, entre las que se encuentra el cobro por el equipaje de mano.
Las compañías en cuestión son Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian; todas ellas conocidas por sus tarifas low cost, que pueden ofrecer gracias a que exigen un pago adicional por ciertos servicios. El Ministerio de Consumo entiende que esa forma de proceder supone una falta «muy grave», lo que le habilita para imponer sanciones de entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido.
Además del suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina, las supuestas prácticas abusivas consisten en cobrar «una tasa desproporcionada y abusiva» a los pasajeros por la impresión de billetes en los aeropuertos, como ha señalado la Fiscalía en un comunicado emitido este martes. También por exigir un pago por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes que necesiten ir junto a sus acompañantes.
El ministerio público defenderá, además, que las aerolíneas no pueden prohibir el pago en metálico en los aeropuertos españoles, avalando la versión de Consumo. Por otro lado, apunta que las aerolíneas realizan «omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas».
La sanción de 179 millones es conjunta, aunque afecta en mayor medida a las compañías que gozan de mayor salud financiera. Ryanair, por lo tanto, afronta una multa de 108 millones, alrededor del 60% del total. Le sigue Vueling, con 39 millones. Pero ninguna de las aerolíneas no está conforme y, tras agotar la vía administrativa, impugnaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Fuentes de Consumo han valorado positivamente el paso dado por la Fiscalía: «El Ministerio reitera la determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia. Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho. Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación».
Procedimiento paralelo en Bruselas
En paralelo, como informó El Confidencial a finales de enero, la Comisión Europea tiene abierto un proceso, conocido como EU Pilot, que consiste en una petición de información a las autoridades españolas para determinar si la multa contraviene la normativa comunitaria. «La Comisión ha recibido una denuncia de las asociaciones de compañías aéreas sobre las sanciones relacionadas con las políticas de equipaje de mano de las compañías aéreas», explicó una portavoz del Ejecutivo comunitario.
El conflicto está en que Consumo basó la sanción en el artículo 97 de la ley española de Navegación Aérea, donde se estipula la obligación «a transportar de forma gratuita en cabina» el equipaje de mano y los objetos que el viajero lleve consigo. Pero las aerolíneas apuntan al Reglamento 1008/2008, que establece «la libertad de fijación de precios», y que, como es una ley europea, prevalece sobre la española. Apoyadas en este planteamiento, las compañías trasladaron sus quejas a Bruselas.
Aunque el inicio de un EU Pilot no prejuzga la apertura de un procedimiento de infracción y su objetivo es precisamente determinar si debe abrirse o no, de iniciarse dicho proceso y de no resolverse el conflicto, existe la posibilidad de que el asunto acabe en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En última instancia, este tribunal puede llegar a establecer una multa diaria contra el Estado miembro si antes ha dado la razón a la Comisión Europea y el Gobierno nacional persiste.
