Hacienda carga contra el Tribunal de Cuentas tras denunciar deficiencias en el control de los fondos UE
Un informe del Tribunal de Cuentas en el que se denuncia la «deficiente supervisión de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)» ha desencadenado un enfado monumental en el Ministerio de Hacienda, que ha solicitado de manera formal y de forma pública al órgano fiscalizador la retirada de esa valoración por entender que ni se ajusta a la realidad ni se puede sustentar en las evidencias recabadas por el tribunal, sin que este la haya atendido.
La valoración del órgano fiscalizador respecto a los mecanismos de control sobre las inversiones de los fondos europeos, que viene a confirmar las sospechas al respecto, se incluye en un informe de fiscalización de reciente publicación sobre los programas de la denominada área de gasto 2 del PRTR, el que se refiere a ‘Actuaciones de protección y promoción social’, de los ejercicios de 2022 y 2023. Se encuadran aquí 24 programas de actuación, referidos a siete de los componentes del plan, que han implicado a siete ministerios y otros cinco grandes organismos del Estado, y que han tenido en conjunto una asignación presupuestaria de cerca de 9.500 millones de euros.
Tras examinar de forma exhaustiva la planificación, el desarrollo y la supervisión de la ejecución de estos programas, el análisis del Tribunal de Cuentas ha constatado «un deficiente cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora del PRTR en materia de seguimiento de la ejecución del Plan» y una «insuficiente implantación de medidas de control por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos cuando la ejecución corresponde a otras entidades territoriales», lo que a su juicio impedía conocer con certeza el estado concreto de ejecución de cada uno de estos programas y sobre todo el cumplimiento o incumplimiento de los hitos y objetivos asociados a los mismos.
No es una laguna menor, como la realidad se ha encargado de demostrar. El Gobierno de España se las ha visto y se las ha deseado para acreditar ante la Comisión Europea el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, a cuyo éxito está asociada la recepción de los fondos asignados al país.
La extraordinaria flexibilidad demostrada por Bruselas en este proceso, durante el que la Comisión ha permitido al Gobierno de España retocar hasta en siete ocasiones tantos los hitos y objetivos comprometidos como los criterios de medición para hacer más viable su cumplimiento, no ha impedido que España se haya dejado por el camino más de 1.100 millones de euros de los fondos que tenía asignados por la incapacidad para acreditar el cumplimiento de alguno de esos hitos y objetivos.
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