Empresas podrán administrar infraestructuras actuales o futuras, aunque con limitaciones. Adif construirá nuevas vías en colaboración público-privada para ahorrar recursos públicos.

La voluntad de introducir al sector privado en el negocio ferroviario español podría ir mucho más allá de la apertura del Corredor de Levante de AVE a la competencia con Renfe que se haría efectiva en 2016. Según el anteproyecto de nueva ley ferroviaria, que el consejo de ministros aprobó el pasado 13 de marzo, "el Ministro de Fomento podrá asignar a una entidad pública o privada, en virtud de un contrato, las funciones propias del administrador de infraestructuras ferroviarias para la construcción y administración o sólo la administración de una infraestructura ferroviaria determinada que forme parte o vaya a formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General".

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