El Gobierno ha renunciado a limitar los intereses de los créditos revolving para no dejar fuera de estos préstamos a personas que los necesiten. Así se refleja en la orden que ha publicado este lunes el Ministerio de Economía y que, según fuentes del departamento, busca un equilibrio entre controlar los abusos y evitar la expulsión de clientes.

Las créditos revolving, concedidos en su mayoría mediante tarjetas, son aquellos en los que básicamente se aplazan deudas de pequeña cuantía pero a unos intereses muy elevados que pueden superar el 20% frente al 7 u 8% que es habitual ahora en los préstamos personales. La particularidad y el gran riesgo de los revolving es que se suelen devolver en plazos mensuales de pequeño importe y, si la cuota elegida no cubre los intereses generados, la devolución puede alargarse mucho haciendo que la deuda se dispare, cual bola de nieve, y acabe siendo muy superior o incluso perpetua. El Banco de España ya ha alertado sobre estos créditos y el problema ha llegado a la Justicia. El Tribunal Supremo anuló a principios de año un préstamo revolving que tenía unos intereses del 27% TAE por considerarlo manifiestamente desproporcionado. Incluso lo calificó de usura. La banca tiene unos 13.000 millones en préstamos de tarjeta, si bien en esos datos no se puede discernir cuánto es revolving.

“Es fácil atraer a clientes con que se puede comprar un frigorífico simplemente abonando 30 euros al mes, pero el cliente debe preguntarse en cuánto tiempo y cuánto va a pagar de intereses”, explican fuentes del Ministerio.

Economía ha decidido que para hacer frente a este problema no va a limitar los intereses ni va a poner coto a la cifra a la que pueda llegar el endeudamiento. Se trata de hacer una regulación que no expulse a clientes que puedan necesitarlo, señalan fuentes del departamento. Lo que sí va a hacer es mejorar la transparencia y la evaluación previa de la solvencia. “Los clientes podrán conocer las características del producto que van a contratar y saber con más precisión el coste del préstamo y la deuda que mantienen periódicamente con la entidad”, afirman.

En cuanto a la transparencia, Economía obliga a los bancos a que pongan al cliente al menos dos ejemplos representativos especificando cuánto pagaría por intereses en euros y cuánto tardaría en pagarlo. Este ejemplo representativo debe desarrollarlo el Banco de España en una circular, pero Economía confía en que servirá para disuadir a muchos clientes y fomentará una cierta competencia entre las entidades para que bajen los precios de los créditos.

Ver artículo completo en El País