Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, beneficia a unos 250.000 trabajadores de organismos de carácter estatal. Según especifica la resolución aprobada por el Ejecutivo, entra en aplicación mañana (el día siguiente a la difusión en el BOE), pero da un mes de plazo a las entidades públicas concernidas “para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes”.
La mayoría de trabajadores autonómicos y municipales ya cuentan con la jornada de 35 horas (en torno al 60% en las autonomías y en los grandes municipios), lo que suponía, en opinión de los sindicatos, un agravio comparativo para los empleados de la Administración central. El compromiso con las 35 horas en la AGE ya quedó por escrito en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en 2022, que suscribieron CC OO y UGT. El tema estuvo bloqueado hasta noviembre, cuando se recuperó el compromiso con las 35 horas en el acuerdo salarial en el que también participó CSIF. “La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones”, especifica la resolución, que contrapone con la interpretación de los sindicatos por la cual ciertas corporaciones municipales podrían ver reducida su jornada por este acuerdo.
El texto acordado por el Gobierno y los sindicatos establece que el Ejecutivo se compromete a implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”. Esta jornada se aplicará a todos los trabajadores dependientes de la Administración central. Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo dejaba fuera a algunos colectivos, como los empleados de prisiones o los de la sanidad y la educación de Ceuta y Melilla. El texto acordado los incluye finalmente, aunque el despliegue en estas áreas deberá negociarse de forma específica.
Asimismo, el pacto de las centrales y Función Pública establece que los departamentos en los que se reducirá la jornada “adoptarán las adaptaciones organizativas necesarias para asegurar la continuidad y calidad del servicio público, especialmente en aquellos ámbitos en los que existan servicios de atención directa a la ciudadanía o sistemas de trabajo sujetos a turnicidad”. Es decir, hay un compromiso para que este nuevo esquema organizativo no perjudique la atención ciudadana.
“La AGE orientará sus instrumentos de planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios públicos”, agrega el acuerdo, que insiste: “Se impulsarán las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de la jornada de 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos”.
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