El Estado respaldó a Sacyr en 2009 asegurando una fianza de 200 millones de dólares [150 millones de euros al cambio actual] por la monumental obra de ampliación del Canal de Panamá. Y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un duro informe del Tribunal de Cuentas.

Este órgano fiscalizador da a entender en su documento que el Gobierno de la época, el de José Luis Rodríguez Zapatero, se volcó en apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española -entonces presidida por Luis del Rivero- improvisando fórmulas contractuales y saltándose las reglas de Cesce, el consorcio de capital mixto encargado de gestionar los seguros de la operación. El Ejecutivo asumió así un inusual riesgo para el Estado en esta modalidad de seguros por ejecución de fianzas.

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