El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras, entre las que se encuentra la constructora ACS, del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.El TC considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".El Gobierno aprobó en 2014 el ‘rescate’ de la infraestructura tras la renuncia presentada por Escal UGS tras los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona en la primera fase de su operación. La renuncia conllevó un pago de 1.350 millones de euros que se está cargando al recibo de gas de millones de hogares y empresas durante un periodo de 30 años. El Gobierno autorizó el pago de la indemnización a través de un real decreto Ley por el que se encargaba la gestión e hibernación de la infraestructura a Enagás, empresa participada en un 5% por el Estado y encargada de la gestión del sistema gasista nacional. El real decreto ley establecía como compensación "el valor neto de las instalaciones", entendido este como el valor residual de los bienes tras deducir las amortizaciones llevadas hasta la fecha. Esta cantidad se cifró en 1.350 millones de euros.

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