Comunidades autónomas y municipios tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en una orden publicada por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado: “Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación y Transformación deberá disponer de un Plan de medidas Antifraude”.

Cualquier administración o incluso intermediarios privados deberán establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.

Hasta se señala la posibilidad de cruces con bases de datos públicas como los registros mercantiles que puedan detectar intereses no declarados. También se habla del cribado de datos para encontrar alertas, como por ejemplo cambios a posteriori en las especificaciones de los contratos, prórrogas irregulares, prestaciones que se dan utilizando muchos contratos menores o la ausencia de una doble firma de los responsables.

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