La notificación lleva fecha del pasado jueves, y en ella la Comisión Europea reclama a España explicaciones por no haber trasladado a la legislación nacional la directiva que amplía los derechos de los accionistas. En particular, en cuestiones como las remuneraciones de los directivos o la obligación de los gestores de los fondos de inversión de ser transparentes con sus clientes.
La norma europea se aprobó hace tres años y, desde entonces, ni el anterior Gobierno ni el actual han llevado al Parlamento la transposición para su aprobación, lo que ha llevado a Bruselas a abrir un procedimiento formal de infracción. Otros seis países (Bulgaria, Grecia, Rumanía, Chipre, Portugal y Eslovenia) están en la misma situación.
