En 1995, autonomías y ayuntamientos eran las responsables de un tercio de todo el gasto público español, en torno a un 35%. En 1998 ya alcanzaban el 40%, y el año pasado sumaron el 50%. En un par de decenios, las administraciones territoriales han arrebatado al Gobierno central el control del gasto público del país. Las autonomías han engordado a costa de la Administración General del Estado que, además -y por lo mismo-, ha perdido fuerza a la hora de dirigir las cuentas públicas en su conjunto, por ese poder reforzado que tienen los gobiernos regionales.