El Gobierno condiciona cualquier operación con la familia Escribano a que reduzcan su peso en Indra. Si no, no habrá acuerdo de fusión, integración o absorción, cualquiera que pudiera ser la forma en la que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pueda hacerse con el control de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Así, según ha podido saber ABC, Moncloa diseña una potencial operación mixta, mitad en capital -dado que Indra no se puede permitir endeudarse más para ello-, y mitad en acciones.

El Ejecutivo que, tal y como adelantó este periódico una vez lograda la salida ‘pactada’ con Escribano del sillón presidencial de Indra reactivó retomar las conversaciones entre SEPI y EM&E para ejecutar a medio plazo la operación -«porque tiene todo el sentido industrial», añadió una fuente del organismo público- pone como condición ‘sine qua non’ que los Escribano, con el 14,3% de la compañía de Defensa y Tecnología, vendan a priori al menos la mitad, y una vez bajen su participación al entorno del 8%-7%, en línea con lo que ostenta otro de los accionistas clave para el Gobierno, Sapa Placencia (7,9%), negociar un precio «más razonable» por la empresa familiar.


En Moncloa quieren que los Escribano puedan seguir siendo accionistas de referencia en Indra, sí, pero minoritarios -con no más de un 10%-12% tras engullir la compañía- y lejos de la participación que ostenta la SEPI, del 28% del capital, precisamente el temor que sobrevolaba en el consejo antes de la salida de Ángel Escribano -y que para muchos fue el germen de la desconfianza del propio Pedro Sánchez en el expresidente de la compañía-, a pesar de que este se comprometió a no sobrepasar en ningún caso ese umbral tras una operación que diluiría al resto de accionistas.

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